“En Colombia, el pleno disfrute de los derechos de niñas y niños pasa por el acceso y garantía efectiva de su seguridad alimentaria, máxime que son sujetos de especial protección constitucional, y ello no está precisamente ocurriendo”, afirma el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. 

De acuerdo con el boletín epidemiológico 52-2023 del Instituto Nacional de Salud (INS), fueron 233 las muertes confirmadas por desnutrición aguda en menores de 5 años el año anterior en todo el territorio nacional, y 57 fallecimientos más son objeto de estudio, es decir que al terminar los procesos de confirmación, se podría alcanzar la cifra de 290 decesos por la misma enfermedad y causas asociadas. El 87% de las muertes correspondió a niñas y niños de estrato socioeconómico 1. 

El departamento con mayor número de muertes fue La Guajira, con 70; le siguieron Chocó, con 46; Cesar, 23; Magdalena, 20, y Antioquia, 18. Las cifras permiten inferir que más del 61% de los casos del país se concentró en esos cinco departamentos.

“Necesitamos que nuestros llamados sean atendidos para que no mueran más niñas y niños por desnutrición. Es oportuno que la institucionalidad gubernamental en sus distintos niveles implemente planes integrales, cuyo fin radique en que los menores de edad no continúen siendo afectados por la inseguridad alimentaria”, señala el Defensor del Pueblo.

Los casos de desnutrición aguda moderada y severa en el mismo rango de edad llegaron a 24.226 en el 2023, un aumento del 14.29% en comparación con el 2022, cuando en el país hubo 21.195 casos; un promedio de 66 por día. Se observa que los casos se concentraron en los estratos socioeconómicos 1 y 2, que representan el 92% del total.

Bogotá, con 3359 casos, fue el territorio donde más se registraron. Luego estuvo el departamento de La Guajira, con 2871; después Antioquia, 2281; Cundinamarca, 1372; Chocó, 920, y Cesar, 889.

Se observa, además, que del total de las notificaciones, el 26% correspondió a grupos étnicos, cuya mayor afectación se presentó en la población indígena de los pueblos Wayú (2223), Embera (457), Sikuani (420), Embera Katío (285), Embera Chamí (197), Arhuaco (147), Yukpa (141), Guayabero (84), Nasa (71) y Embera Dobida (69).

Se hace ineludible darle cumplimiento a la Resolución 2350 de 2020 y adoptar acciones y rutas que permitan lograr el eje transformador del derecho humano a la alimentación, enfatiza el Defensor, “atendiendo a lo consignado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, en el que fue expuesta la importancia de lograr disponibilidad, acceso y medidas de adecuación para garantizar ese derecho”.

Camargo Assis insiste en que no es posible seguir naturalizando la vulneración del derecho a la alimentación de la niñez: “Es necesario tomar medidas urgentes. Además, se debe tener en cuenta que es una realidad evidenciada en otros grupos etarios, en los que, según la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, unos 15.3 millones de personas en el país usan estrategias para afrontar el hambre, como bajar la calidad de lo que comen, bajar el tamaño de las porciones y saltarse las comidas”.

Finaliza el Defensor remarcando que la desnutrición se enfrenta con acciones contundentes e integrales, que sean una prioridad en la agenda del país.

“Instamos a las nuevas alcaldías y gobernaciones a tener en cuenta en la formulación de los planes de desarrollo acciones puntuales para afrontar la problemática, estableciendo recursos y programas que permitan la atención de niñas y niños con desnutrición”, subrayó Carlos Camargo Assis.

*Con información de Defensoría del Pueblo